Ponencia: D. Javier de la Cueva, moderado por Dª Patricia Gabeiras
Ejercer nuestros derechos y deberes es una cuestión que depende ya de la tecnología, que actualmente se ha convertido en una de las principales mediadoras entre el ciudadano y la realización de múltiples procedimientos administrativos. Pero ¿qué consecuencias jurídicas tiene el uso de estas herramientas a nivel público y privado? Esta fue una de las principales cuestiones que se debatieron en la última edición del Aula Gabeiras celebrada el pasado martes 21 de enero, centrada en el mundo de las TIC y titulada «Cuestiones jurídicas sobre la arquitectura de la información».
El abogado experto en Propiedad Intelectual y Doctor en Filosofía Javier de la Cueva fue el invitado de esta sesión, en la que ofreció una reveladora ponencia sobre las implicaciones y problemas que se están generando en el ámbito jurídico por el uso de las tecnologías de la información. El estudioso, especialista en las relaciones entre derecho y tecnología, analizó qué cambios se están generando en el ordenamiento jurídico y cómo afectan la seguridad ciudadana, así como los derechos fundamentales como el de la libertad de expresión.
Como es habitual, la ponencia estuvo moderada por Patricia Gabeiras, doctora en Derecho y socia fundadora de Gabeiras y Asociados, que reconoció el trabajo de De la Cueva como pionero del estudio y la gestión de derechos en el mundo digital. De la Cueva puso sobre la mesa cuestiones de gran importancia y con numerosas implicaciones para nuestro ordenamiento jurídico y el ejercicio de los derechos, como el uso que la administración hace no sólo de nuestros datos, sino también de las redes sociales o de los gadgets tecnológicos que tiene a su disposición. Cómo utilizan los diputados las tablets que se les asignan en el Congreso o qué términos y condiciones han aceptado las instituciones del Estado al crear una cuenta en Twitter o Facebook fueron algunos de los ejemplos que se presentaron durante la conferencia.
“El órgano de la soberanía nacional está utilizando los logos de redes sociales como Instagram, YouTube y Facebook, haciendo publicidad de estas empresas”, concretó De la Cueva. Estas plataformas, afirmó, no están habilitadas de facto para legislar sobre los derechos fundamentales y ordinarios de la ciudadanía, y sin embargo son éstas las que han impuesto el sometimiento de la administración a jurisdicciones extranjeras para poder utilizarlas. Estos cambios están sacudiendo la manera en la que nos relacionamos con la tecnología a nivel jurídico. Pero la adaptación está siendo lenta: “Hay una absoluta desconexión entre el rigor que tiene que presidir nuestra función como juristas y la realidad”, destacó.
Algoritmia y derecho
La relación entre algoritmia y derecho, según concretó De la Cueva, es cada vez más relevante para analizar las decisiones de las administraciones a nivel jurídico. Un ejemplo es la desigualdad que una norma -aparentemente igualitaria- como la de la limitación de la circulación de ciertos vehículos en períodos de alta contaminación, aprobada por el Ayuntamiento de Madrid, generó al asignar permisos por matrículas pares e impares -sin tener en cuenta que había más días impares a lo largo del año-.
Los juristas están, por tanto, “alejados de la algoritmia”, una disciplina que es “de esencia a todo el derecho”, pues se utiliza “desde el momento en el que decimos que la ley especial deroga a la ley general”; y esto nos obliga a replantearnos el problema cognitivo al que se enfrentan los profesionales de este sector cuando tratan con la tecnología.
De la Cueva también incidió en aspectos de gran relevancia como el carácter político que tiene la tecnología, en cuál debe ser la separación de poderes públicos en la sociedad digital y en la “posición acrítica” que ciudadanos y administraciones han adoptado respecto a los datos. “Recibimos en su momento la promesa de una sociedad del conocimiento, y lo que hemos obtenido a cambio es la sociedad del control. Nunca se ha producido un control de la ciudadanía como el que tenemos ahora, y lo peor es que somos los ciudadanos los que lo hemos permitido”, destacó.
El experto finalizó su intervención denunciando el “numerismo” que se nos ha impuesto socialmente, que en su opinión debería ser “objeto de honda reflexión”, así como el hecho de que sigamos “entregando todo nuestro conocimiento a sistemas intrusivos”. Esto dio lugar a un rico debate posterior sobre derechos y libertades en el que participaron los asistentes a la sesión.
Esta fue la segunda ponencia del Aula Gabeiras centrada en los derechos fundamentales y la sociedad digital; una temática que el despacho inauguró el trimestre pasado con la conferencia de Paloma Llaneza sobre la protección de los derechos de los adolescentes en el ámbito digital.
En este sentido, Patricia Gabeiras subrayó que estas sesiones han comenzado “con un banquillo titular muy bueno” y recordó que los abogados juegan un importante papel en la transformación social, pues “el conocimiento jurídico es un privilegio” que hay que transmitir para el beneficio de la ciudadanía.